Documenta (México)

We at Documenta work to ensure the CRPD absolute prohibition of commitment and forced treatment for persons with psychosocial and intelectual disabilities in Mexico, particularly in connection with security measures.

The second video has English subtitles; others are in Spanish.  Please visit Documenta’s website http://www.documenta.org.mx and their YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UC2mXb9uN_To_JrwND7HvGuw for more information.

Published on Nov 10, 2015

Este año, Documenta presentó el caso de Arturo ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su caso representa la terrible realidad de las personas con discapacidad cuando se enfrentan a un proceso penal en México.

Published on Nov 27, 2015

Un corto documental sobre las dificultades de Víctor como persona con discapacidad psicosocial al enfrentarse al sistema de justicia penal de México. #CuestionemosLaInimputabilidad

En la voz de… Eunice Leyva García 1 (Abogada del Área de Litigio Estratégico de Documenta A.C.), Primera intervención/Sobre Peritajes realizados.

La Prohibición Absoluta a los Internamientos Involuntarios y Tratamientos Forzados en Psiquiatría: Tensiones con los mecanismos de privación de libertad por motivos de salud mental en Chile – Francisca Figueroa

La-libertad-es-terapéutica-780x439

http://www.saludmentalycomunidad.cl/la-prohibicion-absoluta-a-los-internamientos-involuntarios-y-tratamientos-forzados-en-psiquiatria-tensiones-con-los-mecanismos-de-privacion-de-libertad-por-motivos-de-salud-mental-en-chile/

A continuación, presentamos el texto de la abogada chilena Francisca Figueroa que se suma a la campaña en Apoyo a la Prohibición Absoluta de la CDPD de los Tratamientos Forzosos y los Internamientos Involuntarios


Tensiones con los mecanismos de privación de libertad por motivos de salud mental en Chile

La campaña por la Prohibición Absoluta de los internamientos involuntarios y tratamientos psiquiátricos forzados se enmarca dentro del contexto de los art. 12, 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con fecha 13 de diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York; la cual fue ratificada y promulgada por Chile, entrando en vigencia en nuestro país el año 2008.

El contenido específico de las disposiciones que tal instrumento de derechos humanos refiere –el cual extiende su alcance a las personas en situación de discapacidad mental o psicosocial, e intelectual (Fernández, 2010: 10)-, se encuentra aún en proceso de delimitación por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el que recientemente se pronunció respecto al alcance del derecho contenido en el art. 14 de la CDPD, éste es, el derecho a la Libertad y Seguridad de la Persona.

Tal pronunciamiento impone un cambio de paradigma al prohibir de forma categórica y absoluta la privación de libertad de la persona por motivos de discapacidad –sea ésta,  real o aparente-, aun al considerarse que la persona se encuentra en situación de crisis o que puede constituir un peligro para sí mismo u otros (pr. 13, 14 y 15). En tal aspecto radica, el carácter absoluto de la prohibición.

Los fundamentos jurídicos de este posicionamiento radical por la no discriminación, dicen relación con el alcance del art. 12 de la CDPD, el cual impone a los Estados Partes el deber de reconocer la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones y en todos los aspectos de su vida. Así, si bien el art. 14 impone como limitación al derecho a la libertad de la persona que ésta se ajuste a la legalidad, no es menos cierto que existen en el ordenamiento jurídico chileno, leyes que sistemáticamente niegan la capacidad jurídica de la persona en diversos ámbitos de desarrollo de su vida, lo cual se encuentra en evidente contradicción con la CDPD (Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad mental, 2014), conforme se ha pronunciado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ejemplo de esto son los regímenes de interdicción, las declaraciones de inimputabilidad penal, las normas que regulan los internamientos involuntarios y los tratamientos invasivos e irreversibles -como son, las psicocirugías, las terapias de electroshock y esterilizaciones, entre otros- en los que operan mecanismos de sustitución de la voluntad de persona (Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], 2014), vulnerando el Principio de Autonomía contenido en el art. 3 letra a) de la CDPD que contempla “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas” y el art. 12; sometiendo a la persona a un estatus de minoridad social propio de los paternalistas sistemas de tutela decimonónicos (Castel, 2009).

Para dar cuenta de este desolador panorama, pese a la entrada en vigencia de la CDPD en Chile el año 2008, es posible constatar la siguiente situación conforme datos oficiales del Ministerio de Salud (2014):

las medidas forzadas en relación con la hospitalización han aumentado entre los años 2004 y 2012. La proporción de ingresos de urgencia se han triplicado, llegando a 30,8% del total de ingresos. Los ingresos administrativos (hospitalizaciones involuntarias autorizadas por las SEREMI de Salud) se han cuadriplicado y durante el año 2012 representaron el 6,6% de los ingresos, mientras que los ingresos por orden judicial se duplicaron, con un 5,4% para el 2012. Además, también hubo un incremento en el uso de la contención y/o aislamiento, desde 17,8% del total personas hospitalizadas en el 2004 a 26,1% en el 2012 (ídem: 53).

Así, atendido al panorama anteriormente descrito y los actuales estándares de derechos humanos a los que se ha comprometido a dar cumplimiento el Estado de Chile, deben progresivamente abolirse los regímenes administrativos de internamientos involuntarios que no hacen sino reproducir el estigma que asocia “enfermedad mental” y peligrosidad, cuestión que se advierte claramente en las disposiciones del D.S. Nº 570 del Ministerio de Salud, que permite privar de libertad a una persona “aparentemente afectada por un trastorno mental” e internarle en un establecimiento psiquiátrico por cuanto su conducta “pone en riesgo su integridad y la de los demás, o bien, altera el orden o la tranquilidad en lugares de uso o acceso público”, operando los encierros psiquiátricos a modo de auténticas medidas de seguridad predelictuales (Dufraix, 2013: 272-274; Horwitz y López, 2004: 565) y por lo demás, sin cumplir con garantías mínimas de resguardo a los derechos humanos, al carecer de control judicial, de órgano autónomo de revisión y de un procedimiento de apelación contra la resolución administrativa-sanitaria que priva de libertad a la persona contra su voluntad (INDH, 2014: 120; Ministerio de Salud, 2014: 37).

Si bien se ha planteado como un avance en la materia la creación de la Comisión Nacional de Protección de las Personas afectadas por Enfermedad Mental y las Comisiones Regionales establecidas en virtud de la Ley 20.584, se hace indispensable advertir que éstas dependen tanto en su constitución como en su funcionamiento de la autoridad administrativa a quien debe controlar y observar, careciendo de facultades resolutivas vinculantes y por tanto, no siendo apta para garantizar un resguardo imparcial de los derechos humanos conforme el compromiso adoptado por Chile al ratificar la CDPD. Sobre este punto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido explícito al referir que los Estados Partes deben establecer mecanismos independientes de vigilancia y garantizar la participación de la sociedad civil en las labores monitoreo (pr. 19).

Por otra parte, los alcances de la Prohibición Absoluta invitan a re-pensar a la luz de la CDPD, el régimen de inimputabilidad penal y la utilización de los internamientos psiquiátricos involuntarios y tratamientos forzados en instituciones de salud mental a modo de medidas de seguridad, conforme se contempla en el art. 457 del Código Procesal Penal. Éstas, fundadas en la declaración de peligrosidad de la persona en ausencia de culpabilidad, no sólo privan del ejercicio de derechos fundamentales careciendo de regulación constitucional (Falcone, 2007: 248), sino también, vulneran los actuales estándares de derechos humanos que comprometen a los Estados Partes a reconocer la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Al respecto, el Comité ha recomendado la eliminación de las medidas de seguridad, incluyendo las de tratamiento médico obligatorio en instituciones psiquiátricas (pr. 16, 20).

La objeción a este posicionamiento es evidente. ¿Qué sucede si la persona se encuentra “descompensada” y creemos que puede llevar a cabo comportamientos que afecten los derechos de los otros?. Es en ese punto donde el Comité ancla su posicionamiento en la no discriminación, al recordarnos que tanto las personas en situación de discapacidad como las que no, tenemos el deber de no causar daños a los demás (pr. 14), así como contamos con la libertad para disponer de nuestra integridad e incluso nuestra vida, cuestión que hace que las autolesiones y la tentativa de suicidio no sean punibles en el Código Penal. Por tanto, ¿Qué justifica el privar de libertad a una persona en situación de discapacidad en base a un pronóstico de peligrosidad –y en el caso de los internamientos administrativos, no habiendo cometido la persona hecho constitutivo de delito alguno-, siendo que todas las personas contamos con el mismo deber respecto a los derechos de demás e idéntica libertad de disposición respecto a los derechos propios?. La respuesta es que tal privación de libertad no se ancla sino en una evidente manifestación de discriminación por motivos de discapacidad, prohibida explícitamente por el art. 14 de la CDPD.

La campaña por la Prohibición Absoluta es en una invitación a enterarnos de los nuevos estándares de derechos humanos que rigen en materia de privación de libertad y tratamientos forzados por motivos de salud mental, los que han hecho propias las voces de críticos y sobrevivientes de la psiquiatría que han padecido la violencia del modelo psiquiátrico, justificado por la ideología terapéutica que específicamente se analiza por el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en sus Informes A/63/175 y A/HRC/22/53, extendiendo a estas prácticas no consentidas las categorías de tortura y malos tratos, dando aplicación al art. 15 de la CDPD que contempla tal prohibición.

De esta manera, hacemos una invitación a cuestionar las racionalidades que justifican la vigencia de un estatuto legal paralelo respecto a las personas etiquetadas con diagnósticos psiquiátricos, el cual permite privarlas de libertad en base a criterios que se imponen a modo de pensamiento único a través de la hegemonía del modelo médico-psiquiátrico en salud mental, negando la autonomía de la persona y controlando sus diferencias en el plano psíquico a través del uso de la violencia.

Francisca Figueroa San Martín, Abogada. 

Bibliografía

Castel, R. (2009). El orden psiquiátrico. Edad de oro del alienismo. Buenos Aires: Nueva Visión.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2015). Guidelines on article 14 of 

the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The right lo liberty and security of persons with disabilities. [en línea] Ginebra, Suiza. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

Dufraix, R. (2013). Las medidas de seguridad aplicables al inimputable por condición mental en el Derecho Penal Chileno. Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco.

Falcone, D. (2004). Una mirada crítica a la regulación de las medidas de seguridad en Chile. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. XXIX, pp. 235-256.

Fernández, M. (2010). La discapacidad mental o psicosocial y la convención sobre los Derechos      de las Personas con Discapacidad. Revista de derechos humanos – dfensor. (11), pp. 10-17

Horwitz, M. y López, J. (2004). Derecho procesal penal chileno, Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], (2014). Situación de los Derechos Humanos en Chile. Informe Anual 2014. [en línea] Santiago. Disponible en: http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2014 [Último acceso 15 Marzo 2016].

Ministerio de Salud, (2014). “Evaluación Sistemas de Salud Mental de Chile”. Segundo Informe, 2014. Informe sobre la base del Instrumento de evaluación del sistema de salud mental de OMS (OMS IESM/ WHO AIMS). [en línea] Santiago de Chile. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_chile.pdf [Último acceso 12 Febrero 2016].

Observatorio de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad mental (2014). Derechos humanos de las personas con Discapacidad mental: Diagnóstico de la situación en Chile.  [en línea] Santiago de Chile.  Disponible en: http://www.observatoriodiscapacidadmental.cl/wp-content/uploads/2014/05/informe-ODDHHPDM-final.pdf[Último acceso 13  Marzo 2016].

Organización de Naciones Unidas [ONU], (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. [en línea] Nueva York. Disponible en: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf [Último acceso 15  Marzo 2016].

Paula Caplan – Myths are Used to Justify Depriving People Diagnosed as Mentally Ill of Their Human Rights

http://www.madinamerica.com/2016/03/myths-are-used-to-justify-depriving-people-diagnosed-as-mentally-ill-of-their-human-rights/

Who in this world ought to have the right to make decisions about their lives, and who is required to lose that right and have the medical community and the courts take over?

Despite the fact that no one in history, not even the omnipotent American Psychiatric Association — which produces and profits mightily from the “Bible” of mental disorders — has come up with a halfway good definition of “mental illness,” and despite the fact that the process of creating and applying the labels of mental illness is unscientific, any of those labels can be used to deprive the person so labeled of their human rights. This is terrifying. It ought to terrify those who are so labeled and those who are not, because deprivation of human rights on totally arbitrary grounds is inhumane and immoral.

The combination of the specter of terrorism and highly publicized incidents of gun violence have led rapidly to politicians, therapists, and the general public blaming “the mentally ill” for these dangers, and that is used to justify depriving not just terrorists and other killers but anyone with a label of mental disorder of their rights. They can be locked up against their will, they can be ordered to comply with just about anything that a professional calls “treatment of the mentally ill,” no matter how these actions can harm the person and in the absence of scientific evidence that the “treatments” of people who have been psychiatrically labeled will prevent violence. In other words, the huge leap is often made from “This person has a psychiatric label” to “This person is therefore dangerous to themselves and others,” even in the absence of any history or current indication of such dangerousness, and that leap is then used to lock people up and/or otherwise “treat” them against their will.

Now the United Nations human rights treaty called the Convention on the Rights of Persons with Disabilities includes the absolute prohibition of forced commitment and forced treatment, and the brilliant and tireless advocate Tina Minkowitz is leading a campaign to show that there is a wide base of support for these prohibitions. This is especially important in the United States, because 162 nations have ratified the CRPD, but the U.S. has not.

Minkowitz worked on drafting and negotiations for the treaty from 2002-2006 and helped ensure the incorporation in the CRPD of Article 12, which says that “states,” countries and national governments bound by international law recognize that people with disabilities have the right to make their own decisions in all aspects of life and to do so free from coercion. Note that “people with disabilities” applies to anyone who has received a diagnosis of any mental disorder (in addition to other disabilities). It is important to note the CRPD’s Article14, which specifies according to the text and the authoritative interpretation by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities that the existence of disability or perceived disability cannot be used to justify deprivation of liberty, and Article 25 requires that healthcare be provided on the basis of free and informed consent. The word “perceived” is crucial, in light of the fact that the ballooning numbers of categories listed as mental disorders in the two primary handbooks used to classify people as mentally ill have made it possible, even likely, that anyone entering a therapist’s or other professional’s office in other than a calm and happy state will be diagnosed as psychiatrically disordered, moving just about anyone into the “perceived as disabled” category. So one crucial myth that is relevant to the CRPD is that psychiatric diagnoses are scientific and usually appropriately applied.

If no harm came from being classified as mentally ill, there would be less cause for alarm. But it is easy, even likely, for laypeople, therapists and other healthcare professionals, and judges to assume wrongly that having a disability (even a perceived disability) means that one’s judgment is impaired and that one should not be allowed to make choices about their lives, their bodies, and the treatments to which they will be subjected. Frequently, the criterion of “dangerous to oneself and/or others” is used to justify forced commitment or forced treatment, and this is done despite the proven fact that people diagnosed as mentally ill are actually less likely than others to commit acts of violence and more likely to be victims of violence. The evidence for this pattern is all the more remarkable, given that for a number of reasons (e.g., defense attorneys trying to get psychiatric labels for their clients in order to obtain reduced sentences or diversion from prison to the mental health system; the skyhigh frequency of prisoners being diagnosed as mentally ill so that they can be heavily medicated and thus reduce the need for prison staff), statistics in the near future are likely to show an increasingly high correlation between psychiatric labels and violence. Thus, two other crucial myths that are relevant to the CRPD are that people who have received psychiatric labels are likely to be incompetent to make choices about their lives and that they are more likely than other people to be violent.

A fourth crucial myth is that forced commitment and forced treatment are beneficial (and, by implication, not harmful). That this is a myth is reflected in the high rates of suicide that follow inpatient treatment and the increased rates of suicide caused by many psychiatric drugs, as well as the plummeting rates of recovery and increased rates of longterm disability that have followed the introduction of various psychiatric drugs into the market and the use of electroshock.

Another myth is this: The important word “orthogonal” applies to the question of whether people diagnosed as mentally ill are able to make their own choices and whether they have good judgment. We all know people who have no psychiatric labels but who make terrible choices and poor judgment, yet those limitations are not used to deprive the of their human rights. These capacities are orthogonal to whether or not one has been diagnosed as mentally ill, meaning that knowing whether or not a person has a diagnosis is simply not a predictor of their judgment and ability to make good choices for themselves. A related myth is that if someone is diagnosed as mentally ill, all of their decision making power must be wrenched away from them, when — as with many people who are not so diagnosed — sometimes what the person needs is a little support of various kinds, including assistance with filling out forms or practical help with cooking or shopping or getting a service animal during times when they are struggling.

The CRPD standard is for people who have or are perceived to have disabilities must be provided the opportunity to give free and informed consent. That is very far from what happens with the vast majority of people treated by psychotherapists, not to mention those who are deprived of their human rights. Consider this: Psychiatric diagnosis is the bedrock, the first cause of everything bad that happens to people in and through the mental health system. If they do not diagnose you, they cannot treat (or “treat”) you, whether or not the treatments are helpful to you. But almost no one who enters a therapist’s office is ever fully informed and thus almost no one is put in a position where they even might give informed consent. Why? There are three reasons:

  1. They are almost never told, “In order for your insurance to pay my bills, I will have to give you a psychiatric diagnosis, but you have the right to know that psychiatric diagnoses are unscientific, that getting one does not help alleviate suffering, and that getting one carries a wide array of risks of harm, from plummeting self-confidence to loss of employment and of child custody and of security clearance…even to death from treatments that are justified on the basis of your label.”
  2. They are almost never told, “I am recommending Treatment X, but I am going to tell you everything about the potential benefits and potential kinds of harm that can result.” The reason they are almost never told this is that these days, the vast majority of treatments are with psychiatric drugs, and lawsuits have repeatedly revealed that the drug companies purposefully conceal much of the harm, so there is no way for conscientious therapists to get that information and thus no way for them to convey it to their patients. Something similar happens with electroshock and with expensive but intensively marketed programs called things like “neurobiofeedback” that have not been shown to be helpful but that are often very costly.
  3. They are almost never told, “I am recommending Treatment X, but I am also going to describe for you the huge array of approaches that have been helpful to people who are going through what you are going through … and that often carry little or no risks of harm.”

Alarmed about the lack of disclosure, which puts suffering people who seek help in the mental health system at huge risk of harm with no way even to know what questions to ask and what recommendations to challenge, I organized the filing of nine complaints to the Ethics Department of the American Psychiatric Association, because that APA publishes and hugely profits from the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), whose categories had been used against the complaints with tragic effects. We said that if the APA had honestly disclosed the unscientific nature of its categories and the risks of harm, as well as that getting a label would be helpful largely or only in order to get insurance coverage for treatment, the complainants would not have blindly accepted their labels and the treatments that were justified to them on the basis of the labels (“You have Disorder Y, so you should accept Treatment Z, because that is what is used for people with Y”). The APA dismissed the complaints on spurious grounds and with not one iota of attention to their merits.

Five of those complainants then filed complaints with the U.S. Department of Health and Human Services’s Office of Civil Rights (OCR). The complaints were filed pursuant to the Americans with Disabilities Act, according to which people can be discriminated against by being treated as though they are disabled (mentally ill in these cases) when in fact they are not. All of the complainants had been experiencing upsetting life situations but should by no means have been diagnosed as mentally ill. Yet according to the (falsely-marketed as scientific) DSM, they were mentally ill, and the treatments that were justified on the basis of their labels had had devastating consequences for them. The OCR dismissed the complaints on spurious grounds and with no attention to their merits.

The outcomes of these complaints provide a solid paper trail revealing that in the United States, the enterprise of psychiatric diagnosis is entirely unregulated. This makes it even less regulated than the major financial institutions whose unregulated actions seriously damaged the economy. The paper trail shows that both the lobby group called the APA, which earned more than $100 million from the last edition of the DSM and spent not one cent to reveal the truth about its manual or to warn of the harms they knew about, and the government entity (OCR of HHS) that by all rights ought to provide oversight and regulation, have chosen to do nothing. This makes it all the more compelling for all of us to press for the United States government to ratify the CRPD. The loss of human rights of just one of us through fraudulent advertising, cover-ups, and perpetuation of dangerous myths is the loss of human rights of us all.

As a U.S. citizen, I am embarrassed and appalled that as this country discusses whether or not to ratify the CRPD, it wants to add what are called “RUDs,” reservations, understandings, and declarations created by the current federal administration and the Senate Foreign Relations Committee. According to Minkowitz, these include the claim that U.S law already fulfills or exceeds the obligations our country would have under the CRPD treaty. The above described complaints that we filed — and the rejection of those complaints by the U.S. Department of Health and Human Services’s Office of Civil Rights gives the lie to that claim, since there is simply no governmental regulation of psychiatric diagnosis, and diagnosis is the sine qua non of forced commitment and forced treatment.

* * * * *

Originally posted on paulajcaplan.net

This blog is a contribution to the Campaign to Support the CRPD Absolute Prohibition of Commitment and Forced Treatment. To see all of the Mad in America blogs for this campaign click here.

Paula J. Caplan, PhDPaula J. Caplan, PhD, is a clinical and research psychologist, activist, Associate at the DuBois Institute, Harvard University, and the author of 11 books, including one that won three national awards for nonfiction and two about psychiatric diagnosis. Her books include They Say You’re Crazy: How the World’s Most Powerful Psychiatrists Decide Who’s Normal and the edited Bias in Psychiatric Diagnosis.