Aporte a la Campaña por la “Prohibición Absoluta en la CDPD de los Tratamientos Forzosos y los Internamientos Involuntarios”: María Teresa Fernández (México)

https://sodisperu.org/2016/03/14/aporte-a-la-campana-por-la-prohibicion-absoluta-en-la-cdpd-de-los-tratamientos-forzosos-y-los-internamientos-involuntarios/

La institucionalización de personas con discapacidad es una declaración de incompetencia de las autoridades gubernamentales y de las sociedades frente al fenómeno que representa la existencia humana. Una declaración de soberbia supina y de falta de voluntad; también, de indolencia, y también, de impunidad. Nos atribuimos la facultad de decidir si una a una de estas personas debe vivir, y cómo; o debe morir – y literalmente – encerrada entre muros estrechos e indiferentes, atada a una cama, un catre, un poste; sometida a un medicamento o a un cierto trato, el que nos venga a bien dispensarle; reducida y frustrada en sus posibilidades y sueños, sin más compañía que su propia intimidad diferente y asustada. Y nos creemos juiciosos, protectores, responsables – éticos. Nos decimos humanos y nos damos baños de pureza. Mejor sería hacerlo en el Ganges.

Mi hermano fue diagnosticado con epilepsia cuando entró en la adolescencia. Se hizo alcohólico después. Me llevaba 18 años. Fue internado varias veces en distintos centros, hospitales y “granjas”. Cada vez que salía – de más en más aminorado – había perdido algo nuevo: el brillo de sus ojos, su sonrisa franca y espontánea, alguna más de sus ganas de vivir.

Y sin embargo seguimos. Seguimos sin prestar atención a lo que filósofos, teólogos, humanistas, han venido repitiendo a lo largo de la historia: el ser humano – como sus expresiones y manifestaciones – es único e irreductible, como inagotable es su potencial de existencia. Nuestra pequeñez y cortedad de miras – aunadas a nuestras ansias de “normalidad”, de resultados y de eficacia; de absurdos absurdos, pues – no alcanza, siquiera, a preguntarse lo que esas cualidades de “único” y de “irreductible”, en relación con la persona humana, puedan significar.

Si no, ¿por qué, a pesar de los tantos “avances”:  científicos, tecnológicos, garantistas de derechos, seguimos sin ser capaces de aceptar que el ser humano tiene una existencia “condenada a abrir caminos siempre nuevos y siempre sorprendentes”[1]?, ¿por qué no nos permitimos el diálogo posible – y promisorio – con las diversas percepciones y expresiones humanas de la realidad?

Cuando un niño es inquieto, o “de más” ; o un adolescente, desinteresado, o su respuesta es glacial; cuando una mujer rompe en llanto, o monta en cólera, ante – decimos – “la menor provocación”, no tardamos en enjuiciar su conducta, y diagnosticarla, y patologizarla; no sólo su conducta, su ser por entero. Son pocos y cortos los pasos para transitar del juicio al diagnóstico y de ahí a la etiqueta – que lo será, ya para siempre, incuestionable e inamovible; y luego, a la medicalización, y al mismo tiempo, o poco después, al encierro. Y en este apresurado camino nos hemos olvidado:  de él, de ella, de la persona humana que ahí vivía.  Ya hemos llegado – y con plena conciencia – al umbral. Es la muerte. Una muerte que  – pareciera que confiamos – todo lo resolverá; o por lo menos, hemos logrado que así pensando y haciendo todo se resuelva, al menos, para nosotros. La impunidad.

Cada vez que mi hermano salía de uno de esos encierros nos decía que no quería más: que se lo llevaran, que lo encerraran, que lo amarraran, que lo durmieran, que le aplicaran electro shocks. Que lo mal trataran, que lo desnudaran, que lo despojaran, hasta de su dignidad. Era intolerable. Era ominoso. Yo era muy joven. Hoy tengo 64 años. Hace 40 que mi hermano murió en uno cualquiera de esos hospitales. Sigue vivo en mí.

Estos años me han servido para aprender que a quien le importa lo humano, se propone indagar lo que hay ahí adentro de ese otro, también humano. Descubrir su razón, su interés, su necesidad, su intención, su propuesta, su expresión – diferentes. Y vestir su piel. Y estar dispuesto a moverse y a tender puentes – y cruzar esos puentes.

Por eso me pareció extraordinario que el proceso de negociación de lo que llegaría a ser la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD, 2006),[2] hubiera asumido ese reto:  abrir sus puertas – y poner oídos atentos – a lo que las propias personas con discapacidad psicosocial tenían que decir sobre ellas mismas: que son seres humanos, iguales, íntegros e integrales, redondos; formados e  informados; presentes, pensantes, sintientes, activos y comprometidos; con las mismas necesidades y búsquedas de cualquier otro ser humano – y con los mismos derechos y obligaciones; y aún así, cada una y cada uno, con maneras y expresiones distintas, únicas, propias, privadas: las suyas. Como usted, apreciable lector; como yo también, y como todas y todos. Y tan así, que la intervención de estas personas con discapacidad en las negociaciones para la Convención conmocionó – impactó –, y fue capaz de crear posibilidades nunca antes vislumbradas, para ellas, para las y los demás: Un camino al diálogo real con la diversidad.  El inicio de un movimiento franco hacia la aprehensión – y la inclusión – de formas variadas de ser y estar en el mundo. Para desde ahí, aprender. Y desde ahí, convivir. Desde ahí, transformarse y transformar.

Hasta entonces, no había pasado todavía que alguien defendiera públicamente, y con tanta fuerza y claridad, que no es posible vivir ignorando o aniquilando a seres humanos, y por el simple hecho de no ser capaces – nosotros – de inteligir sus maneras; o porque molesta que griten fuerte y disonante cuando el mundo les duele; o porque amenazan los referentes de los útiles y cómodos statu quo.

Las personas con discapacidad psicosocial desmantelaron  – en y con la Convención – uno a uno de los mitos que nos hemos fabricado sobre ellas: su indefensión, su fragilidad, su “peligrosidad”; su incapacidad: de tomar decisiones, de asumir obligaciones y responsabilidades; de vivir en este mundo y atreverse a cuestionarlo; de aportar, de enriquecer-nos.  No es gratuito, entonces, que – en y desde la Convención –, no quepa más hacer distingos sobre ellas. O no, si para atentar en contra de su dignidad, o para propiciar que se vulneren sus derechos; tampoco para someterlas a escrutinios y valoraciones groseras, autoritarias y sin fundamento, o al menos, moral. O para que alguien pueda atribuirse la facultad de poder decidir a su juicio lo que mejor les conviene, o de recluirlas en instancias en las que todo lo pierdan, incluso su autonomía y su libertad; incluso su dignidad.  Lugares donde queden – sometidas e impotentes – bajo el control absoluto de otra u otras voluntades – nunca la suya – y se lacere su integridad. ¿Qué razón – y qué derecho – le asiste: al Estado, a los profesionales de la salud, a las familias, a la sociedad en general, para permitirse un acto semejante?, me pregunto y se lo pregunto, sí, a usted, apreciable lector o lectora.

Todas las personas con discapacidad han sido reconocidas por la Convención con la misma dignidad y derechos que el resto de las personas.  Derechos de las personas con discapacidad – “incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso” (Preámbulo CDPD, inciso j)) – son que se respete su dignidad y su valor; que se respete y aprecie su diferencia, tanto como su autonomía, su independencia y su libertad para tomar sus propias decisiones  – incluso, cuando estas decisiones puedan no coincidir con las nuestras, o nuestras opiniones y creencias – o nuestra voluntad; o nuestros intereses. Es también un derecho de todas las personas con discapacidad –reconocido por la Convención– que se les proporcionen los apoyos que ellas estimen necesitar para tomar sus propias decisiones (Artículo 12.3 CDPD), incluida la de dónde y con quién vivir, y sin que se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico (Artículo 19. a)CDPD). También es derecho de ellas disponer de los servicios de apoyo que faciliten su existencia y su inclusión en la comunidad y eviten que se les separe o aísle de ésta (artículo 19. b) CDPD).

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), en su Observación General No.1,[3] ha abundado sobre el alcance del derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones y que éstas sean respetadas: “en todo momento, incluso en situaciones de crisis, deben respetarse la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones,” (O.G.No.1 CRPD, Párr.18). También ha afirmado que entre estas decisiones se incluyen aquellas “decisiones fundamentales con respecto a su salud” (O.G.No.1 CRPD, Párr. 8); y más específicamente, el Comité ha reconocido el derecho de las personas con discapacidad a no ser internadas contra su voluntad en una institución de salud mental y a no ser obligadas a someterse a un tratamiento de salud mental (Artículo 14 CDPD) (O.G.No.1 CRPD, Párr. 31). También el Comité CRPD ha dejado en claro que todas las formas de apoyo en la toma de decisiones que las personas con discapacidad opten por recibir, “incluidas las formas más intensas, deben estar basadas en la voluntad y las preferencias de la persona, no en lo que se suponga que es su interés superior objetivo.” (O.G.No.1 CRPD, Párr. 29, Inciso b)).

Lamento profundamente que nada de esto fuera del dominio público cuando yo era niña. Cuando mi madre, al no disponer de los recursos necesarios: información, asesoramiento, apoyos y servicios – porque no existían, o eran inaccesibles – no encontró mejor opción para él, para ella y para mí, que poner a mi hermano a disposición de los médicos. Ella creyendo que sabían lo que era debido hacer; ellos alegando saberlo, a pesar de que un número incontable de historias – entre las que después se contaría también la de mi hermano – testimoniaban fehacientemente lo contrario.

Gracias a mi involucramiento con los procesos sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, he aprendido que es éticamente insostenible pretender – usted, yo, los gobiernos y las sociedades – seguir ignorando las incuestionables e infinitas realidades y posibilidades humanas. Que es inadmisible seguir apelando a maneras arcaicas y lugares comunes para enmascarar nuestra incapacidad de derribar barreras, estigmas y prejuicios, o nuestra falta – evidente – de voluntad. Como la que reconoce el valor de otras existencias y mantiene con ellas interacciones fecundas; la que incursiona en nuevas formas de acercamiento a las situaciones y de brindar atención y cuidados.

Hace 40 años no existían los servicios y los apoyos que habrían llevado la historia de mi hermano por otros caminos, hoy lo sabemos, menos crueles y fatales; que habrían permitido que él – con la debida asistencia – encontrara sus propias respuestas.  Al día de hoy, esos servicios y esos apoyos siguen sin estar disponibles, o aquí, en mi país. A saber a cuántas más vidas les han hecho falta también para crearse y recrearse a sí mismas; a cuántas personas más su inexistencia las sigue condenando al olvido – o a la muerte. De las grandes claves para el cambio, y algo tan sencillo y a la vez tan crucial para producirlo, hoy sigue sin ser habitado; sin siquiera ser explorado; o aquí, en mi país. Esto también es inaceptable.

Es por todo eso que yo me pronuncio – y decididamente – por la “Prohibición Absoluta en la CDPD de los Tratamientos Forzosos y los Internamientos Involuntarios”. 

Porque, en resumen, considero que estas prácticas:

  • Son reductivas de la persona humana y de la situación existencial que experimenta;
  • Van contra la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas con discapacidad (Art. 3 CDPD);
  • “Medicalizan” problemas que son de índole social, en los que intervienen otros elementos contextuales: familiares, sociales, e incluso políticos, que entonces son ignorados, desatendidos y perpetuados; incluso, profundizados;
  • Son invasivas, autoritarias y jerárquicas, al aplicarse a las personas aún en contra de su voluntad;
  • Son cuestionables en sus fines, en sus efectos y consecuencias – muchas irreversibles y fatales –, y en su efectividad.
  • Refuerzan los estigmas y prejuicios sociales sobre las personas con discapacidad psicosocial, al utilizar categorías diagnósticas que – además de cuestionables – encasillan arbitraria y vitaliciamente a las personas, haciéndolas vulnerables a la exclusión, a la discriminación y a la muerte – la social, la biológica;
  • Son violatorias de derechos inalienables de las personas con discapacidad como, entre otros, el derecho a no ser privadas de su libertad por motivo de discapacidad (Art. 14 CDPD); el derecho a otorgar su consentimiento libre e informado sobre los tratamientos médicos que se le propongan (Art. 25. Inciso d)); el derecho a la integridad física y moral (Art. 16); el derecho a vivir de manera autónoma e independiente en la comunidad y a ser incluida como parte activa y necesaria de ella (Art.19 CDPD).

Con mi pronunciamiento en apoyo a la “Prohibición Absoluta” quiero honrar la memoria de mi hermano, sí; pero también porque yo misma soy persona con discapacidad, en mi caso motriz, y sé lo que es y significa ser discriminada y excluida por tener una discapacidad. Pero, además, porque si bien he logrado evitar ser diagnosticada o etiquetada como persona con discapacidad psicosocial, yo también encuentro muy difícil lidiar con los tantos absurdos de nuestro mundo, y acomodarme, y cada vez, en alguna de sus escasas y limitadas formas permitidas de ser y de estar en él.

Y porque sueño.  Sueño con una humanidad polifónica y multiforme; lo suficientemente abierta, crítica y dialogante para permitirse tender hacia la otredad, en lugar de ignorarla, repudiarla o temerle; una humanidad que sabe vivir junto al otro y crear –con él–  realidades e intercambios nuevos, permeables, interdependientes, nutricios. Sueño mujeres y hombres convencidos de que toda y cualquier expresión humana – por ajena o chocante que nos resulte o parezca – no puede, al final, sino complementarnos, fortalecernos, enriquecernos.

Y porque sé que tarde o temprano así se habrá demostrado.


[1] Boff, Leonardo. Tiempo de la trascendencia, el ser humano como un proyecto infinito, Santander, Sal Terrae, Brasil, 2000.
[2] ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Resolución A/RES/61/106, Sexagésimo primer período de sesiones, Asamblea General, Naciones Unidas, del 13 de diciembre de 2006. Entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Disponible en: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
[3] ONU, Observación General No.1 (2014) sobre el Artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 11º período de sesiones. ONU Doc. CRPD/C/GC/1, del 19 de mayo de 2014.

Pueden leer más de la Campaña #ProhibiciónAbsolutaen: https://absoluteprohibition.wordpress.com/ 

Sarah Knutson: Rethinking Public Safety – The Case for 100% Voluntary

(originally appeared on Mad in America website)

(now available in Italian translation on il cappellaio matto website)

Not long after posting this Principle from the 10th Annual Conference on Human Rights and Psychiatric Oppression, the following comments appeared on my Facebook page:

“It would have to be replaced with something else, we need to have strong supports we need to take care of each other.”

“Hey you radicals mental illness is a physical illness that requires the attention of a specially trained medical doctor if don’t like the treatment leave for a dessert[sic] island where you can suffer without disturbing others”

CRPDThese are understandably difficult issues.  Historically, there has been a lot of difference of opinion and genuine debate. In 2006, the United Nations weighed in.  They approved the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  The CRPD prohibits involuntary detention and forced interventions based on psychosocial disability.  These are considered acts of discrimination that violate the right to equal protection under the law.  Under the CRPD, people with psychosocial disabilities have the same rights to liberty, autonomy, dignity, informed consent, self-determination and security of the individual and property as everyone else.

Shortly thereafter, forced ‘treatment’ was also held to violate the Convention Against Torture:

States should impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery, electroshock and mind-altering drugs, for both long- and short- term application. The obligation to end forced psychiatric interventions based on grounds of disability is of immediate application and scarce financial resources cannot justify postponement of its implementation.

Forced treatment and commitment should be replaced by services in the community that meet needs expressed by persons with disabilities and respect the autonomy, choices, dignity and privacy of the person concerned. States must revise the legal provisions that allow detention on mental health grounds or in mental health facilities and any coercive interventions or treatments in the mental health setting without the free and informed consent of the person concerned.

Many of us hoped that would be the end of it: No forced treatment, clear and simple.  Nevertheless, the debate goes on.  It seemingly has sped up – rather than let up – over the past several years.  Clearly, many of us are sincerely struggling with these issues.  There are people of conscience on all sides.

 

The Case for 100% Voluntary

For the past ten years, the international community has been progressively moving away from involuntary interventions. This essay is the first in a multi-part series.  It highlights important reasons why the rest of us should follow suit. They are as follows:

1.     These issues are universal, not medical

Life, by nature, is difficult and risky.  Our primary certainties are death, loss, and vulnerability. Pain, suffering, sickness and need are pretty much a given.

The idea is to minimize risk as much as possible, but still keep the essential spontaneity of feeling alive.  This a highly personal undertaking. One is never certain what this means for someone else.

That being said, communities can and should offer support to all who want it. At certain times, any of us might want help to balance: (1) factors that concern others, (2) feasible (medical, natural and community) alternatives; (3) risks and benefits; and (4) personal values and lifestyle considerations. The onus, however, is on would-be supporters to earn and maintain our trust. This is the approach adopted by the United Nations in the CRPD. (Art. 12).

2.     Clinicians are lousy predictors

It’s hard to know in advance who is a ‘danger.’  Clinicians are notoriously poor in predicting suicide or violence.  In individual cases, they barely do better than the toss of a coin.

Equally disturbing, the people they will lock up have not been accused of a crime, much less convicted.  Yet, on flimsy odds, innocent people lose jobs, businesses, careers, homes, custody of kids, and much more.

And that’s not the half of it.  Typically, to lose freedom in society, twelve jurors who have been carefully screened for bias must unanimously agree that someone is guilty beyond a reasonable doubt. In the mental health system, a single clinician with little to lose and a lot to gain makes the call.  By far the safest course is erring on the side of lock up. Guessing wrong means serious harm, distraught families, internal reviews, bad press, lawsuits, potential job or income loss.  Sleepless nights and calls at home should not be overlooked.

3.     Drugs, at best, are problematic

Contrary to popular belief, the choice to refuse drugs is rational.  Even if you meet diagnostic criteria, there are many good reasons to ‘just say no.’ This not just for individuals and families, but for insurers and governments as well.

During the past several decades of increasing drug use, disability rates have sky-rocketed.  Long-term outcomes and relapse rates have worsened overall. Particularly disturbing is the fact that third world countries (where people are too poor to afford the drugs) get dramatically better results.

Even as a first-line of defense in emergency settings, there are serious concerns.  In simple fact, drugs are not harm neutral.  Known effects include death, psychosis, rage, despair, agitation, shaking, vomiting, impulsivity, tics, uncontrollable movements, memory loss, skin crawling, insatiable hunger, rapid weight gain, dulled awareness, impotence, insomnia, hypersomnia, fatigue, mood swings, and the list goes on. Many of us have experienced the drugs creating urges to violence or suicide we never had before.  Some of us have acted this out.

The long-term considerations are equally alarming.  Susceptibility to relapse, loss of brain matter, obesity, diabetes, congestive heart failure, and permanent disability increase as a function of exposure.  Due at least in part to drug effects, the ‘mentally ill’ lose 15-25 years (on average!) of our natural lifespan.

For many people, the health risks of drugs aren’t even the half of it. A lot of what you like depends upon your values. Preferences and comfort differ for, e.g.: relying on drugs vs. learning self-mastery, following rules vs. asking questions, respect for experts vs. internal wisdom, managing feelings vs. experiencing feelings, medical vs. natural approaches, and seeing the source of healing as science vs. human or spiritual connection.

When it comes to drugs, one nutter’s meds are anutter’s poison.

4.     Promising alternatives are not being considered

Many do better with non-medical approaches (or might if these were offered).  Fortunately, the options are legion. (See end notes.) Unfortunately, the alternatives are not well-known by clinicians, politicians or the general public.  They therefore not widely offered or available, and are not considered to be worthy of clinical trials.

This is not ‘the other guy’s problem.’  Vast numbers of us are potentially affected.  One in four crosses paths with the mental health system. (3) One in three currently takes a psychoactive drug. (4) And that hardly scratches the tip of the iceberg of all who are struggling.

What separates ‘the worried well’ from the ‘social menace’?  I’d like to think it was more than my natural affinity for the only approach the doctor on call was taught to offer.

5.     Natural diversity is not a pathology

Human experience cuts deep and scatters wide.  Statistically speaking, there are many shared traits, values, and approaches to life. But outliers are a fact as well.

Our variability is to be expected.  Diversity, not conformity, is the real ‘normal.’ It contributes to the robustness, resourcefulness, and creativity of our species.  While it may not get you dates or jobs in a self-promoting, efficiency-driven, corporate-run economy, it is not a disorder.

To the contrary, it is far more like a subculture than an ‘illness.’ In actuality, scores of us value our internal experience, being true to ourselves and treating others generously.  If we speak truth to power and get fired, this is not just impulsivity, mania or disorder.  It’s having the courage of our convictions. We want a world that’s more than just self-promotion, might is right, and going along to get along.  It’s a beautiful vision.  Many of us are dying (including by suicide) for the want of it.  Far from being a social menace, in the 1960’s, Dr. King argued that such ‘creative maladjustment’ is essential in our quest for a socially just, equitable world.

6.     This is about trauma, not disordered brains

Trauma’ is pervasive and potentially causal. Ninety (90!) percent of the public mental health system are ‘trauma’ survivors.  In effect, vast numbers of vulnerable citizens are growing up without a way to meet fundamental human needs. Things like:

  • reliable access to food and habitable shelter
  • safety of person and property
  • dignity, respect and fair treatment
  • meaningful participation and voice
  • the means to make a living and obtain basic life necessities
  • relational, educational, vocational and cultural opportunities for development
  • support to share and make sense of experience in our way

If the aim is to create a safer world, trauma is a much more pressing problem to fix than ‘chemical imbalances’.  There are numerous reasons for this.  We have not even begun to scratch the surface of the implications of a truly trauma-informed system of care.  As the next essay in this series will address.

7.     Do the math – it adds up to ‘voluntary.’

The primary mechanisms for a safer world are already in place.  We already have a criminal justice system with the capacity for detention, probation, in-home monitoring, geographic restriction, behavioral health treatment, drug testing, ‘no contact’ orders, restorative justice, etc.  We already have civil restraining orders, lawsuits, and mediation.  The essential task is to update these protections – and make them meaningfully available – to address modern needs.

The money we save by making things voluntary (police, hospitals, courts, lawyers, lawsuits, staff/ patient injuries, security, insurance, staffing needs, drugs) will go a long way to making this possible.  We could fund numerous thoughtful, responsive, social justice informed alternatives.

We could invest in a truly trauma-informed criminal justice system, rather than dumping that burden on hospitals and their employees. The change in morale itself is worth the price of admission.  Imagine no locked doors and everyone wants to be there. Violence happens, you call the police. Just like everywhere else.

8.     The continued prejudice against people with psychosocial disabilities is not worthy of a free society.

There’s a saying in twelve-step rooms: Every time you point a finger, there’s three pointing back at you.  Suffice it to say, majority fears and prejudice must stop ruling the day. That is discrimination – and it begets discrimination.

In actuality, people from all walks of life have presented a grave risk of injury to self or others at one time or another in their lives: Wall Street brokers, weapons manufacturers, new parents, drinkers, children, teens, Frat houses, Nyquil users, pot smokers, crack addicts, bungee jumpers, martial artists, car racers, dirt bikers, inline skaters, snake handlers, fire builders, gymnasts, boxers, weight lifters, ragers, ex-cons, insomniacs, equestrians, skiers, diabetics who eat sugar, cardiac patients who drive…  There is no end to the list. Some people (trapeze artists, law enforcement, fire departments, magicians, military, security guards, skydivers, operators of heavy machinery) even make a living from this.

There is no principled way of distinguishing the predisposition to such risks from any other kind of psychosocial diversity.  If you needed any better proof of this, the diagnostic criteria for so-called ‘mental disorders’ are so useless that CMS threw them out in 2013 and told the APA to start over.

In any place but a psychiatric exam room, those seen as a cause for alarm would have the following rights: due process, equal protection, liberty, privacy, security of person and property, free speech, freedom of association, freedom to travel, right to contract, written charges, trial by jury, Miranda, and compensation for unjust takings.  You need these protections more, not less when you’ve committed no crime and are simply having the worst day of your life.

In a society worthy of calling itself ‘free,’ public safety would mean all of us. It would go without saying that service recipients are ‘the public’ just as much as anyone else. We would look at fear and prejudice as the real social menace.  People who use mental health services would not need protection from people like you

So please.  Stop locking us up ‘for our own good’ and calling it a favor.  This only distracts from the real question:  If the crisis services are so great, then why isn’t everyone using them? 

Here’s a litmus test. Think about your last life crisis. Did you use these services? Did they feel like a useful, viable option for you?

Before you say, “No but I’m not [crazy, poor, uninsured…],” stop yourself. Try this instead, “No, but I’m not human.

It has a different ring to it, doesn’t it?

 

This blog is a contribution to the Campaign to Support the CRPD Absolute Prohibition of Commitment and Forced Treatment. To see all of the Mad in America blogs for this campaign click here.

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Sarah Knutson is an ex-lawyer, ex-therapist, survivor-activist.  She is an organizer at the Wellness & Recovery Human Rights Campaign. You can reach her at the Virtual Drop-In Respite, an all-volunteer, peer-run online community that aspires to feel like human family and advance human rights.