¿Qué ganamos con abolir la psiquiatría forzosa? -Andrea Cortés

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Estamos impulsando cambios muy importantes que se sitúan al margen del conjunto de reivindicaciones sociales que son respaldadas por las mayorías. Me refiero al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad cognitiva.

Se cree erróneamente que la atención que recibimos constituye asunto resuelto y por consiguiente, la gente confía en las bondades de la psiquiatría, la farmacología, las terapias de cualquier índole y sobre todo, de la posibilidad de aislar y mantener en esa situación a quienes  no se acoplan a lo comúnmente aceptado. La sociedad crea los problemas, luego los oculta y finge no tener nada que ver en esto, de esta forma los hospitales psiquiátricos son reductos en los que se encierra a seres “molestos” y/o etiquetados como “violentos y peligrosos”, bajo la dudosa promesa de un restablecimiento de sus facultades, o de una rehabilitación. La psiquiatría biologista ha contribuído a justificar estas acciones al atribuir como causas inequívocas de los trastornos mentales a daños cerebrales, descartando de plano toda la vida y el contexto familiar y social de las persona afectadas.

En realidad, el deshacerse de las personas con discapacidad psicosocial o cognitiva mediante el encierro, ya sea temporal o permanente en una institución psiquiátrica, es una práctica común y de buen recibo entre la población colombiana. Aprovechando en algunos casos la existencia de una interdicción para disponer de la vida de alguien, sin necesidad de matarla en forma física, pero sí, matándola en vida a fin de acceder a beneficios económicos. También existen abundantes casos en los que la libertad se suprime como castigo por tener una característica personal como orientación sexual o de género diversa, o también como única respuesta ante la carencia absoluta de estrategias de apoyo desde la familia y la comunidad para manejar los ‘trastornos mentales’ y procurar un nivel de vida apropiado a quienes viven con ellos.

La aceptación social de la institucionalización forzada hacia personas con discapacidad psicosocial o cognitiva, real o percibida, demuestra la ignorancia y el desinterés de la población por entender la naturaleza de los trastornos mentales debido al miedo y a los tabúes que alientan la estigmatización. En lugar de informarse y capacitarse para convivir, no solamente cuidar, a las personas con discapacidad psicosocial, éstas y las personas del entorno prefieren asumir que los “expertos” en el tema ya tienen todas las respuestas y que las soluciones sólo provienen de ellos, de la psiquiatría organizada. Muy pocos se atreven a dudar y los que los hacen jamás son escuchados. Como resultado las personas con discapacidad quedamos expuestas a ser maltratadas dentro de las instituciones con métodos denominados como terapéuticos pero que en realidad son tortura, puesto que no curan ni ayudan a mejorar la condición mental, claramente se trata de castigos para aplacar a los anormales e inadaptados. La indiferencia de la sociedad ante estos hechos los hace parecer legítimos.

Las personas con discapacidad en Colombia no conocemos cuáles son las posibilidades de impugnar o demandar una hospitalización forzada, desconocemos cómo reclamar una reparación por haber recibido torturas y tratamientos contra la propia voluntad, no contamos con la más mínima posibilidad de rechazar un tratamiento y acogernos a otro, así como tampoco de abandonar una institución voluntariamente.

Los psiquiatras y su personal de apoyo dentro de las clínicas cuentan con todas las ventajas, empezando por la credibilidad de las agobiadas familias. Controlan la información que les brindan sobre las enfermedades, los tratamientos y justifican todas sus acciones hacia los internos. Desatienden la obligación de ofrecernos a cuidadores y personas con discapacidad toda la información necesaria para que exista un verdadero consentimiento informado, contando con la opinión de quienes vamos a recibir los tratamientos.  Las clínicas psiquiátricas son cárceles.

La abolición de la institucionalización forzada implicaría impulsar todos los cambios necesarios para brindar una atención eficaz y respetuosa hacia las personas con discapacidad psicosocial y cognitiva y le haría un aporte inmenso a la sociedad en términos de aprendizaje sobre respeto, inclusión y convivencia. También es evidente que puede contrariar a quienes vean amenazados sus intereses y privilegios. Pero somos más los afectados por el abuso de poder de los psiquiatras, de los laboratorios farmacológicos y de las instituciones que obtienen dinero a partir de nuestros padecimientos contribuyendo a empeorarlos. Nuestro bienestar físico y mental debe prevalecer ante los intereses institucionales, industriales y de personas particulares.

 

Andrea Cortés

Persona con discapacidad psicosocial

Activista independiente

 

Este texto fue escrito en el marco de la Campaña de Apoyo a la Prohibición Absoluta de la CDPD de los Tratamientos Forzosos y los Internamientos Involuntarios. Para obtener más información consulte el siguiente link: https://absoluteprohibition.wordpress.com/page/2/

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